Informatizar a oscuras: la pila de dependencias que Cuba no está sosteniendo

Resumen

La informatización de la sociedad es, desde hace años, una política declarada del Estado cubano. En paralelo, el país acumula en 2026 seis colapsos totales de su sistema eléctrico nacional, déficits de generación que han superado los 2.400 MW y comunidades con más de cien días consecutivos sin servicio, según reconocimiento del propio Ministerio de Energía y Minas. El acceso a datos móviles cuesta, por encima del tope subsidiado, cerca de la mitad de un salario medio mensual. La población en edad laboral ha caído en más de 1,2 millones de personas en cinco años. Este artículo sostiene que estas no son agendas independientes que compiten por presupuesto, sino capas de una misma pila de dependencias: el software se apoya en el dispositivo, el dispositivo en la electricidad, y el acceso en un coste que la gente pueda pagar. Cuando las capas inferiores fallan, la superior no se degrada de forma proporcional: se vuelve un pasivo. Se argumenta además, apoyándose en la literatura sobre inversión bajo incertidumbre, por qué el paquete de medidas de 2026 para atraer capital extranjero no producirá el efecto anunciado: reduce los costes de trámite mientras otra norma del mismo año aumenta la incertidumbre jurídica, y para una inversión irreversible la incertidumbre no se compensa con rentabilidad, se compensa esperando.

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1. La pregunta que no se está haciendo

La discusión sobre digitalización en Cuba suele plantearse como una cuestión de voluntad o de recursos: si hubiera más presupuesto, más formación, más equipos, el país se informatizaría. Es una lectura cómoda porque convierte un problema estructural en un problema de escala.

La pregunta que casi nadie formula es anterior: ¿sobre qué se apoya un sistema informático? No en sentido metafórico. En sentido literal, físico, de cadena de dependencias.

Escribimos software desde Cuba y para Cuba. Operamos un sistema de punto de venta en comercios reales que facturan a diario. No hablamos de esto desde la teoría, sino desde el soporte técnico a las nueve de la noche cuando se va la corriente en el municipio entero y el negocio tiene la caja abierta.

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2. La informatización es una pila, no una capa

En ingeniería de sistemas, una pila de dependencias tiene una propiedad incómoda: la disponibilidad del conjunto es el producto de la disponibilidad de sus capas, no el promedio. Un servicio impecable montado sobre una capa que funciona la sexta parte del tiempo funciona, como mucho, la sexta parte del tiempo.

Aplicado a la digitalización de un país, la pila mínima es:

1. Energía eléctrica estable en el punto de uso.
2. Dispositivo con vida útil, reposición y reparación viables.
3. Conectividad disponible y asequible respecto al ingreso real.
4. Talento capaz de construir y mantener el sistema.
5. Marco operativo: pagos, licencias, acceso a servicios en la nube.
6. El software, que es lo único de lo que suele hablarse.

Informatizar significa, en la práctica, trabajar sobre la capa 6. Todo el debate público, los programas de gobierno y las carteras de inversión se concentran ahí. Las cinco capas de abajo se dan por supuestas. En Cuba, hoy, ninguna de las cinco puede darse por supuesta.

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3. La capa física: la aritmética de la disponibilidad

Aquí no hace falta opinar; basta con dividir.

La industria del software mide la fiabilidad en «nueves». Un acuerdo de nivel de servicio corriente promete un 99,9% de disponibilidad, lo que equivale a un presupuesto de 8,76 horas de caída al año. Es el estándar que cualquier empresa espera cuando contrata un sistema de gestión.

Pongamos ahora las cifras de este verano. En amplias zonas del país los apagones han superado las veinte horas diarias; en circuitos de Holguín se acumularon entre 66 y 74 horas consecutivas sin servicio, y el Ministerio de Energía y Minas reconoció ante la Asamblea Nacional, el 30 de julio, que existen comunidades con hasta 105 días consecutivos sin electricidad^[1]. Conviene subrayar que no se trata de zonas devastadas por un huracán a la espera de reconexión: es el estado ordinario del servicio en ausencia de cualquier desastre natural.

Veinte horas diarias son 7.300 horas de indisponibilidad al año en el punto de uso. La disponibilidad efectiva cae al 16,7%.

7.300 dividido entre 8,76 es 833. El entorno consume ochocientas treinta y tres veces el presupuesto de caída anual de un servicio de tres nueves. Y lo consume antes de que el software haya hecho nada.

No es una anomalía puntual. En lo que va de 2026 el Sistema Eléctrico Nacional ha sufrido seis colapsos totales —16 y 21 de marzo, 6, 10 y 14 de julio, y 2 de agosto—, el primero de ellos con una duración de 29 horas y 29 minutos. Julio cerró como el peor mes de generación registrado, con tres colapsos en ocho días. El 4 de agosto se alcanzó el mayor déficit de la serie histórica, 2.411 MW, con una generación que cubrió el 23,46% de una demanda de 3.150 MW^[1].

Conviene detenerse en un detalle horario, porque explica por qué el programa de parques solares fotovoltaicos iniciado en 2025 —una inversión correcta— no resuelve el problema que nos ocupa: el pico máximo de afectación del 8 de agosto se registró a las 21:10. La generación solar aporta cuando hay sol; la demanda cubana revienta de noche.

Lo que esto significa para un sistema informático no es «va más lento». Significa que la operación se detiene en el momento de mayor facturación, que los cortes sin aviso corrompen escrituras a medias, que los equipos se degradan por ciclos de apagado abrupto y que el respaldo eléctrico —un inversor con baterías— pasa a ser un requisito de entrada más caro que el software mismo.

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4. La capa de acceso: cobertura no es acceso

El segundo malentendido frecuente es tratar la conectividad como un problema resuelto porque existe cobertura móvil de datos en casi todo el país. La cobertura es una condición necesaria y no suficiente. La variable que decide es el precio relativo al ingreso.

Desde el reajuste tarifario del 30 de mayo de 2025, las recargas en moneda nacional tienen un tope de 360 CUP cada treinta días, equivalentes a unos 4,5 GB. Superado ese tope, la tarifa extra vigente sitúa el paquete de 3 GB en 3.360 CUP y el de 15 GB en 11.760 CUP^[2].

Contrastemos con el salario medio mensual del sistema empresarial y presupuestado, que ONEI situó en 7.074 CUP en abril de 2026^[3], y con el salario mínimo de 2.100 CUP:

Tres gigabytes cuestan casi la mitad de un salario medio y una vez y media el salario mínimo completo. A ese precio, el acceso deja de ser una decisión técnica y se convierte en una decisión de presupuesto familiar que compite con la comida.

Al coste hay que añadir la calidad: Cuba registra una velocidad media en torno a los 7,21 Mbps según el Índice Global de Speedtest, la más baja de América Latina. Y hay un factor estructural que rara vez entra en la conversación: la concesión en régimen de monopolio del operador único fue extendida hasta 2036^[2]. No es una situación transitoria a la espera de que aparezca competencia; es el marco legal para la próxima década. Ninguna política de informatización puede compensar por decreto lo que la estructura del mercado no produce.

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5. La capa humana: el sistema que nadie mantendrá

Un sistema informático no se entrega, se mantiene. Y mantener requiere gente que se quede.

Los datos que ONEI presentó el 21 de julio de 2026 describen una contracción demográfica sin precedentes en la historia del país^[3]. Cuba cerró 2025 con 9.434.593 habitantes, 313.414 menos que el año anterior. El saldo migratorio de ese único año fue de −245.264 personas. Se registraron 68.064 nacimientos frente a 136.214 defunciones: la natalidad más baja desde 1899, con una fecundidad de 1,29 hijos por mujer y un 26,7% de la población por encima de los sesenta años.

Para el argumento de este artículo, el dato decisivo es otro: la población en edad laboral se redujo en 1.259.894 personas en cinco años.

La emigración no es demográficamente neutra: se concentra en el tramo de edad productiva y con formación, que es exactamente el perfil de quien construye y sostiene software. El efecto sobre un proyecto de digitalización es doble y compuesto. Se pierde a quien lo construyó, y se pierde a quien iba a usarlo. Un sistema de gestión cuyo administrador emigra a los ocho meses no es un sistema: es documentación pendiente.

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6. La contradicción de política pública

Reunidas las tres capas anteriores, la contradicción se formula sola.

El Estado mantiene la informatización de la sociedad como programa declarado^[4] —gobierno electrónico, trámites en línea, pasarelas de pago, digitalización de servicios públicos— mientras las condiciones materiales que ese programa presupone se han deteriorado durante el mismo período, y de forma acelerada en 2026.

No se trata de un reproche moral ni de una discusión sobre culpas: el debate sobre el peso relativo del embargo estadounidense y de las decisiones internas es real y no es el objeto de este artículo. Se trata de una observación sobre el orden de las operaciones. Digitalizar un trámite que el ciudadano no puede completar porque no tiene corriente, o no puede pagar los datos, o el servidor del organismo está caído, no elimina la cola en la oficina: añade una capa de frustración encima de la cola.

Peor aún, produce un efecto que en ingeniería llamaríamos falso positivo de progreso: el indicador de gestión —trámites digitalizados— mejora mientras el servicio real empeora, porque el indicador mide la existencia del sistema y no su uso efectivo.

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7. Inversión extranjera: el experimento natural de 2026

Aquí está, a mi juicio, el error de diseño más costoso, y 2026 ofrece el caso casi de laboratorio.

Durante este año el Gobierno aprobó un paquete real de medidas para agilizar la inversión extranjera^[5]. El Decreto 153/2026, de 3 de junio, modifica el reglamento de la Ley 118 y permite evaluar negocios situados fuera de la Cartera de Oportunidades. Las Resoluciones 78 y 79 de 2026 del MINCEX sustituyen los estudios de factibilidad por un plan de negocios de doce secciones y fijan sesiones de evaluación cada siete días hábiles. La Resolución 146/2026 extiende la vigencia del certificado de avalúo de uno a dos años. Y el Decreto-Ley 117 reconoce como inversores a los cubanos residentes en el exterior.

Obsérvese qué tienen en común: todas reducen fricción administrativa. Plazos, documentos, trámites. Ninguna de ellas garantiza suministro eléctrico, acceso a divisas, repatriación de utilidades ni arbitraje internacional. Toda inversión sigue sometida a una comisión evaluadora de composición gubernamental.

Mientras tanto, el 18 de mayo de 2026 se publicó la Resolución 6/2026 del Banco Central de Cuba^[5], que habilita el congelamiento de activos —cuentas, acciones, inmuebles, activos virtuales— sin notificación previa, y establece que para incluir a alguien en las listas correspondientes basta información policial o de inteligencia sin que medie necesariamente un proceso penal. Análisis jurídicos especializados han advertido que la norma puede dejar inversiones técnicamente operativas pero financieramente paralizadas por períodos indefinidos, sin recurso efectivo ni mecanismo arbitral internacional claro.

En el mismo año, por tanto, el Estado redujo el coste de entrada y aumentó la varianza de permanencia. La teoría económica es inequívoca sobre el resultado esperado de esa combinación.

Dixit y Pindyck formalizaron que una inversión que no puede deshacerse sin pérdida tiene, además de su valor presente neto, un valor de opción de esperar^[6]. Ante incertidumbre alta, posponer tiene valor propio: esperar revela información sin comprometer capital. El resultado es contraintuitivo y robusto: un aumento de la incertidumbre puede paralizar la inversión aunque la rentabilidad esperada suba.

Rodrik llegó por otra vía a la misma conclusión aplicada a países en reforma^[7]: la incertidumbre sobre la permanencia de las reglas actúa como un impuesto sobre la inversión privada, y ese impuesto implícito puede ser tan alto que anule por completo el efecto de los incentivos anunciados. Un paquete de reformas cuya continuidad el inversor no cree garantizada produce menos inversión que un marco peor pero estable.

Trasladado al caso concreto:

• Un inversor puede modelar un coste energético alto. No puede modelar seis colapsos nacionales en lo que va de año.
• Puede aceptar un mercado pequeño. No puede aceptar que sus activos sean congelables sin proceso penal previo ni arbitraje.
• Puede asumir infraestructura limitada. No puede firmar un acuerdo de nivel de servicio con sus propios clientes si no controla ninguna de las variables de las que ese acuerdo depende.

La diferencia entre riesgo e incertidumbre —clásica desde Knight— es que el riesgo se cuantifica y se pone en el precio, y la incertidumbre no. Lo que hoy se le pide al inversor extranjero en Cuba no es asumir riesgo. Es asumir incertidumbre no acotada, y ninguna reducción de plazos administrativos tiene precio suficiente para eso.

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8. Entonces, ¿no construir nada?

Sería la conclusión perezosa, y es falsa. Lo que la pila de dependencias indica no es que haya que dejar de construir, sino que hay que construir con otros supuestos.

Casi todo el software comercial del mundo asume tres cosas: corriente continua, conexión permanente y ancho de banda barato. Las tres son falsas aquí. Un sistema diseñado bajo esos supuestos no falla elegantemente en Cuba: falla catastróficamente, en el peor momento y perdiendo datos.

Los supuestos que sí funcionan son otros:

Local primero, nube después. El dato se escribe y se lee en el dispositivo, y la sincronización es un proceso posterior y tolerante a fallos, no una precondición de la operación. Si el sistema necesita red para cobrar una venta, el sistema es inservible aquí.

Degradación por niveles, no binaria. Sin conexión, la aplicación debe seguir cobrando y registrando. Sin corriente, debe haber cerrado sus escrituras de forma consistente antes de morir. La pregunta de diseño no es «¿qué pasa si falla?» sino «¿en qué estado queda cuando falle?», porque va a fallar.

Frugalidad como requisito funcional. Con tres gigabytes costando casi la mitad de un salario medio, cada megabyte transferido sale del bolsillo del usuario. La optimización del peso deja de ser una métrica de rendimiento y pasa a ser una decisión sobre si la persona puede permitirse usar el producto.

Reconstruible desde el papel. Si el sistema no permite que la operación siga en una libreta durante seis horas y luego se registre lo ocurrido, no es un sistema para este contexto.

Esto no es teoría de nuestra parte: es la razón de que nuestro propio producto se diseñara así desde el primer día, y de que el requisito más citado por los comercios que lo usan no sea ninguna funcionalidad, sino que siga funcionando cuando se va la corriente.

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9. Conclusión

Informatizar una sociedad no es un acto de voluntad tecnológica sobre una hoja en blanco. Es la capa superior de una pila que descansa sobre generación eléctrica, dispositivos, conectividad asequible y gente que se queda. Con 833 veces el presupuesto de caída de un servicio corriente, con el acceso a datos costando la mitad de un salario y con 1,2 millones de personas menos en edad laboral, invertir en la capa de arriba no produce el efecto anunciado: produce indicadores.

Y a los inversores extranjeros no se les está pidiendo que crean en un mercado difícil, que es una petición legítima que muchos aceptarían. Se les está pidiendo que firmen compromisos operativos sobre variables que nadie les garantiza, en un año en que se les acortaron los plazos de trámite y se les amplió la exposición a decisiones administrativas sin recurso. La teoría económica dice que ante eso la respuesta racional es esperar, y no hay muchas razones para pensar que estén haciendo otra cosa.

Mientras tanto, se puede construir. Con supuestos distintos, expectativas honestas y sistemas que asuman el apagón como estado normal y no como excepción. Eso no resuelve el problema de fondo —no es competencia de una agencia de software resolverlo— pero es la diferencia entre un producto que aquí sirve y uno que solo se ve bien en una presentación.

Referencias

1. [1]Unión Eléctrica de Cuba (UNE). Partes diarios de afectación al Sistema Electroenergético Nacional, julio y agosto de 2026, y comparecencia del Ministerio de Energía y Minas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular del 30 de julio de 2026. https://www.unionelectrica.cu/nota-informativa/
2. [2]ETECSA. Sistema tarifario de datos móviles vigente desde el 30 de mayo de 2025, con tope de recarga en moneda nacional y tarifas extra. La concesión en régimen de operador único está extendida hasta 2036. Datos de velocidad media: Speedtest Global Index. https://www.etecsa.cu/es/paquetes-bolsas
3. [3]Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Balance demográfico presentado el 21 de julio de 2026 y serie de salario medio mensual del sistema empresarial y presupuestado, abril de 2026. https://www.onei.gob.cu/
4. [4]Ministerio de Comunicaciones de Cuba. Política Integral para el Perfeccionamiento de la Informatización de la Sociedad en Cuba. https://www.mincom.gob.cu/
5. [5]Gaceta Oficial de la República de Cuba. Ley No. 118 «Ley de la Inversión Extranjera» (2014); Decreto 153/2026, de 3 de junio, modificativo del Decreto 325/2014; Resoluciones 78/2026 y 79/2026 del MINCEX; Resolución 146/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios; Decreto-Ley 117 sobre inversores cubanos residentes en el exterior; y Resolución 6/2026 del Banco Central de Cuba sobre congelamiento de activos, publicada en la Gaceta Oficial No. 65 Ordinaria de 18 de mayo de 2026. https://www.gacetaoficial.gob.cu/
6. [6]Dixit, A. K. y Pindyck, R. S. (1994). «Investment under Uncertainty». Princeton University Press. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691034102/investment-under-uncertainty
7. [7]Rodrik, D. (1991). «Policy uncertainty and private investment in developing countries». Journal of Development Economics, 36(2), pp. 229-242. https://doi.org/10.1016/0304-3878(91)90034-S